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José Martí
 

Sexta temporada de la serie cubanoamericana “Anatomía del Medicare”

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Un empresario cubano acusado de lavar $238 millones en pagos mal habidos de Medicare pidió el miércoles a un juez federal que desestimara el encausamiento presentado en su contra, alegando que él dirige una compañía legítima de remesas fuera de Estados Unidos y por lo tanto él no pudo haber cometido crimen alguno.

Pero hubo un pequeño problema.

Cuando Jorge Emilio Pérez de Morales pidió al juez — a través de su abogado defensor — que desestimara el caso de lavado de grandes sumas de dinero presentado en su contra, el acusado de 52 años estaba en España, no en la sala del juzgado.

“Él no se encuentra presente”, dijo el juez magistrado Patrick Hunt de Fort Lauderdale al abogado defensor de Perez, Stephen Golembe. “No me queda más remedio que notarlo”.

La audiencia judicial del miércoles, que duró casi dos horas, resulto casi surrealista, mientras el juez, Golembe y el fiscal federal Ron Davidson debatían si Pérez era o no un fugitivo de la justicia, un espinoso problema legal que proviene del hecho de que él todavía no ha sido arrestado por su cargo de conspiración para lavado de dinero. Su abogado dijo que él no era un fugitivo; el fiscal afirmó que sí lo era.

Entretanto, el juez dijo que él decidirá pronto qué hacer con respecto al estatus del acusado y a su moción de desestimación de los cargos, en el primer caso federal que se conoce de una pandilla dedicada al lavado de dinero de fraude de Medicare entre Estados Unidos y Cuba. El medio hermano de Pérez, quien vive en Miami, ya se ha declarado culpable.

En base a la audiencia judicial, esto es lo que se sabe ahora acerca del elusivo acusado: desde que fuera encausado hace cinco años, Pérez ha estado viviendo en España con su esposa e hijos. Las autoridades españolas no han extraditado a Pérez — quien fuera propietario de una casa frente al mar en La Habana –a pesar de las solicitudes al respecto de parte de las autoridades de Estados Unidos.

“Él no se está escondiendo; él nunca ha estado escondiéndose”, dijo Golembe, y señaló que Pérez solicitó varias veces la residencia en España, pero que sus solicitudes le fueron denegadas. El abogado señaló asimismo que, a través de una conexión de Skype, su cliente habló con la fiscalía acerca del encausamiento en el 2014, pero su discusión no tuvo resultados. “Él no es un fugitivo de la justicia ni nada que se le parezca”.

“Mi cliente no estaba en Estados Unidos cuando se cometió el delito”, dijo Golembe. “Mi cliente no estaba en Estados Unidos cuando fue encausado [en el 2012]. Mi cliente no ha estado en Estados Unidos desde entonces”.

El fiscal dijo que las autoridades federales de Estados Unidos han tratado de conseguir que Pérez fuera arrestado en España, pero que al parecer sus solicitudes han sido ignoradas. Davidson señaló que el gobierno de Estados Unidos tiene establecido un acuerdo de extradición con España.

“Eso no hace de él un fugitivo de la justicia”, dijo el juez. “Pero eso puede descalificarlo para alegar jurisdicción estadounidense con objeto de presentar una moción para la desestimación” del cargo de conspiración para lavado de dinero presentado en contra suya.

En el encausamiento se acusa a Pérez de usar su compañía de remesas con licencia de Cuba, Caribbean Transfers, para suministrar jugosas cantidades de dinero a personas acusadas de fraude de Medicare en Estados Unidos, a cambio de transferir el dinero sucio obtenido por ellos de Medicare a través de las compañías fachada de Pérez en Canadá, pasando por Trinidad, a Cuba.

Caribbean Transfers suministró dinero limpio — sacado a los exiliados cubanos que enviaban remesas a sus familiares en la isla – a operadores corruptos de servicios de salud en la Florida, Michigan, Tennessee y Nueva York, de acuerdo con el encausamiento. El papel jugado por Pérez fue descubierto luego que el propietario convicto de un negocio de cobro de cheques en Naples, Oscar L. Sánchez, lo señalara con el hombre que financiaba su negocio de la Florida y otras agencias de envíos de remesas.

La compleja operación de lavado de dinero, la cual duró del 2005 al 2011, carecía de precedentes ya que marcó el primer caso en Estados Unidos que vinculaba el fraude organizado al Medicare en el sur de la Florida con el banco nacional de Cuba. Se suponía que los fondos transferidos acababan por llegar a manos de familias cubanas en la isla, pero eso no queda en claro en los documentos judiciales.

El medio hermano de Pérez, Eduardo Pérez de Morales, de 29 años, ciudadano estadounidense que vivía en Miami, se declaró culpable de conspiración con su hermano mayor y resultó sentenciado a tres años y medio de cárcel en el 2015.

 
 

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