“El periódico ha de estar siempre como los correos antiguos, con el caballo enjaezado, la fusta en la mano y la espuela en el tacón.  Debe desobedecer los apetitos del bien personal y atender imparcialmente al bien público”.
José Martí
 

Ley de prensa, ¿serán beneficiosas las nuevas reglas del juego?

Foto: Raquel Pérez Díaz

Tomado de Progreso Semanal

Una Nueva Política de Comunicación habría sido aprobada en Cuba según informa la agencia Associated Press (AP). Su propósito, dice, es que los medios estatales lidien eficazmente con la llamada prensa alternativa digital y con la mayor participación de la ciudadanía en las redes sociales. No obstante, otras fuentes indicaron que los propósitos de lo que pronto debe convertirse en un nuevo Decreto-Ley —aprobado por el Consejo de Estado, no por la Asamblea Nacional del Poder Popular— podrían ser más amplios.

Citando a periodistas cubanos a los cuales les fue presentada o comentada la Política, AP asegura que esta ya tiene el visto bueno del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC). Sostiene el reporte que el documento ya fue aprobado y que compete tanto a los medios de prensa públicos como al manejo de los procesos comunicativos en las instituciones del Estado y de gobierno a todos los niveles.

En otros foros académicos y espacios de debate dentro del gremio estatal periodístico y de los comunicadores sociales en general se ha advertido con anterioridad sobre la ausencia de normas jurídicas para el ejercicio de su profesión. También han señalado la escaza cultura comunicacional de dirigentes políticos o gubernamentales, así como un enfoque excesivamente divulgativo de la comunicación y de las tecnologías que la hacen posible.

“Es preciso modernizar los medios y buscar ingresos con alternativas que no se centren solo en la generación de publicidad, por lo que hemos pensado en crear grupos de desarrollo que apuesten por la innovación y la prestación de servicios dentro y fuera de Cuba”, afirmó Ricardo Ronquillo, subdirector del diario Juventud Rebelde en marzo pasado durante Panel sobre modelos de prensa en Cuba.

De la imposibilidad de actualizar el modelo económico, político y social sin que antes se renueve el modelo de gestión de la prensa cubana, había insistido Zenaida Costales, vicedecana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana (FCOM) cuando evaluó los resultados del IX Encuentro Internacional de Investigadores y Estudiosos de la Información y la Comunicación (ICOM) que tuvo lugar en La Habana en noviembre pasado.

Otros asuntos sumamente controversiales en el panorama mediático cubano y sobre los cuales trataría la Política de Comunicación sería la existencia de medios informativos privados, para los cuales, según otras fuentes, no se legitimarán espacios en el escenario que regulará la futura legislación. En los debates que oficialmente se han sostenido sobre el tema, una concepción que ha adquirido fuerza es que el financiamiento extranjero descalifica a las nuevas iniciativas mediáticas —nacidas en gran medida desde 2014, aunque no fueron las primeras—, al tiempo que los medios estatales sufren de un descoordinado e insuficiente aseguramiento financiero, incluso cuando no es ese ni el único ni el mayor de los problemas que estos presentan.

Quizás por eso el documento podría incluir la posibilidad de gestionar los medios con producciones complementarias, aseguramientos y servicios contratados con formas de gestión privadas, según indicó AP a través de fuentes también anónimas.

A partir del reporte de AP se ha levantado el tema con renovada potencia en la agenda mediática internacional sobre Cuba, aparentemente ligada al recientemente electo como nuevo presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Pero lo cierto es que el proceso comenzó alrededor de cuatro años, con el actual presidente como rostro visible. También ha sido un proceso sistemáticamente silenciado, sin que se haya debatido públicamente, ni siquiera con la totalidad de los profesionales cubanos de la comunicación. Numerosos borradores de esa política han sido confeccionados y discutidos a puertas cerradas. Se trata de un proceso además demorado, aunque las razones no sean de conocimiento público. Justo en marzo de 2016 el hoy mandatario afirmó en un encuentro con periodistas en la provincia de Camagüey que estaba a punto de aprobarse una política de comunicación que permitiría una gestión diferente de los medios.

Más de dos años después la política aún no ha sido aprobada, y no hay indicios de que pueda suceder pronto. Según algunas de nuestras fuentes, existe la intención de legislar primero sobre la autorización para realizar publicidad por determinados actores, y sobre el nacimiento de una institución que liderará la implementación de la futura política.

En aquella ocasión el presidente Díaz-Canel anticipó que el texto buscaría un acercamiento de las agendas mediática, pública y política, favorecería el trabajo con las fuentes de información y una mejor regulación económica de esas entidades subordinadas al presupuesto del Estado.

La política, según nos han explicado algunos periodistas, compete a la sociedad en su conjunto y en particular a todas las entidades estatales y privadas. La norma será, además, de obligatorio cumplimiento tanto para los extranjeros residentes permanentes, como para los que estén de paso por el país.

En el reporte de AP se indica también que la Política permitiría a los directivos de los periódicos, canales televisivos y radioemisoras una mayor autonomía para emitir las noticias de impacto. La norma en realidad estaría solamente refrendando una orientación del Buró Político del Partido Comunista de Cuba que ya existía, pero en la que no se hizo demasiado hincapié para poder concretarla. Ahora cabría precisar que los directores de los medios de comunicación serán los máximos responsables, no solo de la ejecución de la política informativa, editorial y cultural sino de hacerlo con un ambiente participativo con sus subordinados. De la mima forma, se indica claramente en el documento que, en el ámbito de sus competencias, el Gobierno y el Estado controlan el contenido que se distribuye por los diferentes canales de comunicación.

La dispersión institucional de los medios de comunicación más importantes del país es vista por el Gobierno cubano como un escollo que le impide, también al Partido Comunista de Cuba y a otras organizaciones políticas o sindicales, canalizar con agilidad y coherencia los escasos fondos de que disponen para su manutención.

El Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CC del PCC) tiene a su cargo el diario Granma y los 16 semanarios que se editan a razón de uno por provincia más el municipio especial de la Isla de la Juventud. Por su parte la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) corre con los gastos del diario Juventud Rebelde y la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) con los del semanario Trabajadores. El Instituto de Radio y Televisión (ICRT) hace lo propio con todos los canales televisivos y las radioemisoras.

Al respecto y también citando fuentes anónimas, AP sugiere que en el futuro Cuba tenga un panorama mediático público no completamente ligado al presupuesto estatal, pues si bien algunos de los medios podrán continuar siendo unidades presupuestadas, otros podrían pasar a esquemas más cercanos a la autogestión económica, como las unidades presupuestas con tratamiento especial o incluso constituirse en empresas.

En Cuba las experiencias estatales de este tipo no abundan. Solo Radio Taíno cobra por mensajes espacios publicitarios que radia y RTV Comercial es quizás la única institución mediática pública que funciona bajo un esquema de gestión bastante cercano a lo empresarial.

También podrían estar incluidos en la Política el hecho de que la comunicación de bien público deberá ser presupuestada por los organismos responsables, lo cual implica la reorganización de las funciones comunicativas en cada organismo de la administración del estado. Sobre este punto, así como el perfeccionamiento del componente comunicacional en la protección al consumidor, comienzan a verse acciones concretas, como la reciente salida de una nueva regulación para establecer los derechos y deberes de los consumidores en el país.

Otro punto que debe estar incluido es la reforma y ajuste salarial para los periodistas según se aplique en cada territorio del país, así como la legalización de actividades afines al periodismo y a la realización audiovisual.

Hasta el momento, dice AP, la nueva Política de Comunicación fue mostrada a periodistas de la capital y de las provincias. Entre el 13 y el 15 julio próximo tendrá lugar en La Habana el X Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), oportunidad en la cual, anticipa la agencia, el asunto podría hacerse completamente público.

 
 

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