Por Henry Flores

Primera parte

En sus años como diputado, Gerson Martínez, abogó porque el país tuviera una ley que garantizara a los ciudadanos el acceso a la información del estado, en ese entonces el ahora Ministro de Obras públicas no logró reunir el apoyo político necesario para la aprobación de la normativa, pero el ideal siguió vigente. Ahora, como titular de una de las dependencias más importantes del ejecutivo reconoce que el reto es grande y espera que la participación ciudadana marque la diferencia con las gestiones que hubo en gobiernos anteriores.

En 1997, cuando usted era Diputado, cabildeó la aprobación de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Ley de Acceso a la Información, ¿Qué le motivó a impulsar el Proyecto?

Primero que la constitución nos dice que la soberanía reside en el pueblo, el pueblo elector es el que da un mandato en las elecciones y el pueblo contribuyente es el dueño de la cosa pública; por consiguiente, nosotros como mandatados estamos obligados a rendirle cuentas a los ciudadanos

¿Cómo entiende la transparencia en las instituciones públicas?

Nosotros nos debemos al público y si a nosotros nos dan a administrar fondos públicos, tenemos que lograr los más altos rendimiento y resultados, pero además de la calidad de la obra pública, hay que asegurar la calidad del proceso, la calidad de gestión, es un abuso y acto arbitrario cuando un servidor público le niega la información al ciudadano.

¿Qué responsabilidad tiene el titular de una institución en que las demás estructuras funcionen con transparencia?

Aquí en realidad hay una responsabilidad colectiva, responsabilidad compartida, pero los titulares, los que estamos al frente de las instituciones públicas somos los principales responsables, y por consiguiente si bien es cierto, que hay una responsabilidad colectiva, tenemos que asumir la principal responsabilidad.

¿La transparencia debilita o fortalece la administración pública?

Fortalece al país, la transparencia y la lucha contra la corrupción es un punto de encuentro de grandes causas, en primer lugar para que haya democracia tiene que haber transparencia, porque de lo contrario el ciudadano estaría privado del poder de la información, para la modernización del estado se requiere un estado transparente.

¿Se limita la transparencia al manejo del dinero y presupuesto de las instituciones?

No, porque los que estamos en el servicio público administramos no solamente dineros públicos, administramos también bienes públicos, patrimonios públicos. Un bien público es por ejemplo la administración o impartición  de justicia.

Usted habló en su momento de hacer oficinas de información móviles, ¿cómo van los planes?

Es cuestión de conseguir el financiamiento, con gestiones hemos logrado hacer la primera casa de la transparencia de Centro América, donde estará ubicada además la Oficina de Información y Respuesta. Vamos a recibir de la cooperación internacional todo el equipamiento de la oficina, vamos por etapas.

¿Qué hace diferente su gestión de las anteriores?

Son cosas que debe responder el ciudadano, pero la primera diferenciación es cambiar de las formas de gestión autoritarias a una forma de gestión democrática. En segundo lugar de una conducta antiética  a una conducta de política ética, de una cultura donde se le cerraban los portones a la ciudadanía a una cultura de plena apertura.

¿Qué estructuras ha desmontado para hacer una política transparente?

Hay estructuras tangibles e intangibles, las intangibles son las de los grandes intereses creados, hay otra estructura de los interesitos criados, políticos de tecnocracia y burocracia, que también se favorecen con la opacidad, hay estructuras organizativas autoritarias que ha habido que transformar y que hay que seguir transformando. La transparencia se construye día con día.

¿Cuál ha sido la experiencia de tener una organización como la FUNDE supervise el proyecto Diego de Holguín?

Ellos han monitoreado el proceso desde el principio y han tenido una participación en concebir los pactos de integridad que hemos firmado la administración del MOP con los contratistas, precisamente para tutelar el derecho del ciudadano a una buena administración.

¿Qué resultados se tienen del convenio con CASALCO en la lucha contra la corrupción?

Hasta este medio período, la experiencia de trabajar con ellos ha sido positivo, es bueno que ellos hayan suscrito el compromiso de someterse al observatorio ciudadano de la obra pública, esto es positivo en el país e inédito en la región, aunque el ejecutor contratista sea un empresario privado los dineros son públicos, legal y moralmente estamos obligados a rendir cuentas.

¿Ha combatido casos de corrupción en su gestión?

Si, por supuesto. Claro que si.

¿Y cómo los ha tratado?

El Ministerio de Obras Públicas está en sala de cuidados intensivos todavía, hay una vieja cultura que no termina, aquí nosotros presentamos una denuncia de un personaje de la Gerencia Legal, que venía de la administración anterior, que estaba haciendo cobros ilegales y enriqueciéndose por esa vía; llevamos el caso a la fiscalía. Recientemente la semana pasada, firmamos el despido de un empleado del Viceministerio de Transporte que también estaba haciendo cosas indebidas, previo a la semana santa también una servidora pública de una dependencia, le hurtó unos bienes a un usuario. Esos servidores públicos son despedidos de la administración. Estas instituciones han estado tan corruptas que en algunos casos la reingeniería no es suficiente, se necesita en algunas instituciones del estado una quimioterapia para terminar con el cáncer de la corrupción.

¿Cómo puede la ciudadanía exigir de maneras claras transparencia en las instituciones públicas?

Las libertades y los derechos se conquistan y se defienden, en El Salvador hay abundante normatividad que respalda al ciudadano, es la falta de voluntad política que existió en el país lo que no permitía que el ciudadano no accesara a la información pública.